LA FURIA... Y QUIZáS UN PACTO
La semana que está a punto de concluir, la segunda semana después de la celebración de las elecciones europeas, nos muestra con mucha claridad cuáles son las principales líneas de tensión política en estos momentos. Mucha furia, furia a borbotones, y un intento subterráneo de pacto entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Mucha furia en España y un inicio de pacto entre populares y socialistas, junto con los liberales, en la Unión Europea.
Desde hace días está abierta en Madrid la posibilidad de una discreta negociación entre el Gobierno y el Partido Popular para la renovación del agonizante Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para acordar el relevo en la dirección del Banco de España al concluir el mandato del actual gobernador, Pablo Hernández de Cos, y quizás llevar a cabo una renovación parcial del consejo de administración de Radio Televisión Española (RTVE). En el improbable caso de que esas discretas conversaciones prosperasen estaríamos ante el primer gran acuerdo institucional entre socialistas y populares desde la moción de censura contra Mariano Rajoy a finales de mayo del 2018.
En esos seis años ha habido algunos acuerdos muy concretos entre PSOE y PP, pero ningún pacto relevante referido a la arquitectura institucional. Está en la memoria de todos la marcha atrás de Alberto Núñez Feijóo cuando estaba a punto de cerrarse un compromiso para la renovación del CGPJ en noviembre del 2022. El recién estrenado presidente del PP recibió entonces fuertes presiones y “recomendaciones” para que no sellase el acuerdo. Algunas de esas presiones son conocidas y se refieren a determinados medios de comunicación madrileños. Otras recomendaciones fueron más discretas y venían del interior del aparato del Estado. Teniendo en cuenta esos antecedentes hay que ser muy escépticos ante la posibilidad de que ahora, con el cuadro político totalmente inflamado, se produzca un pacto. Desde que se tienen noticias de esas discretas conversaciones en Madrid, Núñez Feijóo ha entrado en zona de alta presión. El PSOE reta al jefe de la oposición a cerrar un acuerdo y el Partido de la Furia le dice que ni se le ocurra pactar en las actuales circunstancias.
El pasado lunes, una semana después de las elecciones europeas, José María Aznar volvió a lanzar la consigna: ‘el que pueda hacer que haga, el que se pueda mover que se mueva”. El ex presidente del Gobierno tuvo la prudencia de no mencionar de manera directa la cuestión del CGJP, pero dejó claro cual es su mot d’ordre: lejos de rebajar la tensión, hay que aumentar la movilización, no vaya a ser que a Sánchez se le ocurra convocar elecciones generales en otoño coincidiendo con una hipotética repetición de las elecciones catalanas.
Inmediatamente después entró en escena Isabel Díaz Ayuso para manifestar su total oposición a la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial si antes los socialistas no acceden a que el Congreso deje de ser el ámbito de esa renovación. Todo el poder para las asociaciones de magistrados. Finalmente, la semana ha culminado con la condecoración del presidente argentino Javier Milei en la sede de la Comunidad de Madrid, en un acto presidido por Díaz Ayuso, al que no ha asistido Núñez Feijóo, que carecía de invitación para acudir al mismo. MAR, (Miguel Ángel Rodríguez), el hombre que lo controla todo detrás de las bambalinas de la Puerta del Sol de Madrid, se superó ayer a sí mismo. Alguien cruzó ayer una línea verde que supedita el PP a Vox. Vox es en estos momentos el titular de la agenda telefónica que conecta con Milei, con Giorgia Meloni, con Marine Le Pen y con Donald Trump. La agenda telefónica del PP sólo conecta con Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo y con Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia. El número de Donald Tusk, primer ministro polaco, aparece un poco borroso en esa agenda. Puede que estemos ante el mayor error político de la temporada. Quizá contaban con que el Rey amparase el acto concediendo audiencia a Milei. No fue así.
Una semana extraña. Esta semana, el líder de la oposición no fue invitado a la celebración en el Palacio de la Zarzuela del décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI, un acto al que sólo fueron convocados un elenco de personalidades que desempeñan o han desempeñado cargos de alta responsabilidad en los órganos constitucionales. Génova dejó entrever un cierto malestar por esa decisión protocolaria y ayer Feijóo volvió a quedar en fuera de juego. Él seguramente no habría acudido al acto con el presidente argentino, pero no le dieron la oportunidad de realizar ese gesto. Sencillamente no le invitaron. Así están las cosas.
El pasado domingo, en una entrevista con el diario La Razón, el presidente del Partido Popular enviaba nuevos mensajes en morse al líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. Feijóo advertía públicamente al ex presidente de la Generalitat que Pedro Sánchez le ha engañado con la ley de amnistía, con lo cual le transmitía la siguiente idea: los únicos acuerdos sólidos en el futuro serán aquellos que Junts pueda cerrar con el Partido Popular. En la misma entrevista, el líder de la oposición manifestaba con total claridad que está dispuesto a hablar con el principal partido independentista catalán. (Nominalmente independentista, digámoslo todo). “Nosotros hablamos con todos, menos con aquellos que tienen un pasado vinculado al terrorismo”, añadía.
El domingo, Feijóo intentaba abrir juego con Puigdemont, y el viernes (ayer para el lector), Puigdemont era imputado por el delito de “alta traición” por el juez Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, al que hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya obligó a dar por acabada una investigación abierta hace cuatro años sobre las supuestas conexiones del independentismo con el gobierno de Rusia o con agentes del mismo. El TSJC le conminaba a cerrar la investigación y anulaba todas las diligencias efectuadas desde enero del 2023 por entender que se había abusado del mecanismo de prórroga. El juez Aguirre pide ahora elevar la causa el Tribunal Supremo. Siete años después de la gran crisis institucional en Catalunya, Puigdemont es investigado en estos momentos por los presuntos delitos de “terrorismo” y “alta traición”. Ambas imputaciones han surgido inmediatamente después del pacto político para la aprobación de la ley de Amnistía.
Mientras al líder de Junts se le intenta sentar ante un tribunal por graves delitos que pondrían en cuestión el alcance de la ley de Amnistía, el todavía líder del PP le envía mensajes cifrados para buscar un cierto nivel de entendimiento. Mientras eso ocurre, la presidenta de la Comunidad de Madrid se organiza actos de encumbramiento en los que simula ser la presidenta de España, actos a los que no invita al líder de su partido. Curioso país, España. A veces la política española es un poco enrevesada, pero hay semanas en las que ni siquiera hace falta un croquis para explicarla.
La furia y el pacto es el tema del video-blog de esta semana.
2024-06-22T04:32:39Z dg43tfdfdgfd