LA INMUNIDAD SALVA A TRUMP PERO NO A SU CíRCULO DE ASESORES
Bannon y Navarro se suman a una larga lista de encarcelados mientras Rudy Giuliani, arruinado, pierde su licencia por las mentiras para no ceder el poder tras las elecciones de 2020.
Ser asesor o abogado de Donald Trump es uno de los trabajos más lucrativos del mercado. Se gana mucho dinero, se obtiene popularidad y acceso y nunca faltan horas que facturar, pero los riesgos de acabar entre rejas se multiplican cada día que pasa. La lista de quienes entraron en algún momento en el círculo y acabaron con el uniforme naranja no deja de crecer. El último, esta misma semana, Steve Bannon, una de las voces más icónicas, dentro del país y entre las fuerzas iliberales europeas, con millones de seguidores.
La interpretación constitucional del Tribunal Supremo de EEUU, que desde este lunes establece que el presidente del país tiene inmunidad total para sus "actos oficiales", ha supuesto una tabla de salvación para Donald Trump. No sólo complica enormemente la acusación que dirige contra él Jake Smith, el fiscal especial que ha presentado hasta cuatro cargos por conspiración y obstrucción por todas las acciones para no asumir la derrota electoral entre noviembre de 2020 y enero de 2021. O los casos que tiene abiertos en Georgia o Florida. Sino que incluso ha servido para retrasar hasta septiembre la comunicación de la sentencia por el caso de la actriz porno Stormy Daniels, del que un jurado de Nueva York le consideró culpable de 34 cargos en mayo. Sin embargo, la inmunidad cubre al presidente, no a sus simpatizantes ni al amplio círculo de asesores, caídos en desgracia estos cuatro años y que cuentan los días hasta noviembre, con la esperanza de un nuevo ciclo republicano.
El lunes, poco después de que el equipo de Trump celebrara una victoria jurídica, su célebre estratega y asesor, Steve Bannon, maestro del agitprop, entraba en prisión para cumplir cuatro meses de condena por desacatado después de que se negara repetidamente a acudir como testigo al comité del Congreso que investigaba el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2020. En prisión está también desde primavera Peter Navarro, exactamente por la misma razón. Los dos, Bannon y el guerrero feroz de la política comercial trumpista, intentaron en vano que el Tribunal Supremo los amparara.
Este martes, el antaño todopoderoso Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York, fue inhabilitado por el Tribunal Supremo de su estado por perjurio y repetidas declaraciones falsas ante cortes federales durante los meses en los que intentó revertir el resultado de las presidenciales de 2020.
Poco queda del Giuliani, llegado a la política previo paso por la Fiscalía federal, que fue figura clave a nivel nacional tras los atentados del 11-S. El hombre que se hizo famoso por enfrentarse a la mafia, especuladores y bandas se ha declarado en bancarrota para no pagar los 148 millones de dólares a los que fue condenado por sus calumnias y difamaciones contra funcionarios locales. "Atacó y socavó infundadamente la integridad del proceso electoral de este país", afirma el Tribunal, y al hacerlo, "no sólo violó deliberadamente algunos de los principios más fundamentales de la profesión jurídica, sino que también contribuyó activamente a la lucha nacional que siguió a las elecciones de 2020, de la que no se arrepiente en absoluto".
Giuliani ejemplifica los riesgos de estar cerca de Trump. Quienes se pusieron a sus órdenes y permanecieron fieles en el tiempo hicieron dinero, mucho dinero, pero cuando la música dejó de sonar han pagado las consecuencias. Giuliani debe 153 millones de dólares a unas 20 personas y empresas, incluidos abogados, y sus activos apenas superan los 10 millones. Lo mismo le ocurrió a la cadena Fox, la voz de Trump y el trumpismo, que pagó 787 millones de dólares a la empresa Dominion, encargada de las máquinas para votar, para evitar ir a juicio, ya que la condena por difamación que se preveía hubiera sido de más del doble, por lo menos. La cadena, que poco después prescindió de su figura estrella Tucker Carlson, el conspirador y agitador en jefe del movimiento alt right, amparó a presentadores e invitados que alimentaron la versión de un robo electoral, sin aportar pruebas.
La lista de quienes se sumaron a la estrategia de Trump, en el centro según el fiscal Smith, y fueron detenidos y encarcelados incluye a muchos de los asaltantes del Capitolio. Pero sobre todo a quienes intentaron manipular recuentos o se saltaron las leyes en las campañas.
Tres piezas clave del llamado plan de electores falsos para mantener al expresidente Donald Trump en el cargo después de su derrota electoral de 2020 fueron acusados hace unas semanas en Wisconsin. Mike Roman, jefe de operaciones del día de las elecciones de la campaña de Trump, fue acusado junto a Kenneth Chesebro, un abogado que llegó a un acuerdo declarándose culpable, y a James Troupis, ex juez y abogado de la campaña de Trump.
Otros 11 implicados por lo mismo, falsedad documental para intentar alterar el resultado, fueron procesados en Arizona en abril. En agosto empieza el juicio a 15 aliados de la campaña de Trump en Georgia. Hasta 16 más fueron identificados en Michigan el verano pasado. En enero empezará un juicio adicional en Nevada.
La lista sigue con el círculo más estrecho. Sidney Powell, que fue casi portavoz legal, la abogada de campaña de Trump en 2016 y una de los miembros del equipo legal que defendió su causa en Georgia, llegó a un acuerdo con la Fiscalía, declarándose culpable y testificando contra sus socios a cambio de no entrar en prisión. El otro codefensor, Kenneth Chesebro, hizo lo mismo, admitiendo falso testimonio y una conspiración para falsificar documentos con la intención de convencer de que Trump había ganado las elecciones en el Estado.
Michel Cohen, el hombre que pagó de su bolsillo 130.000 dólares a Stormy Daniels a cambio de su silencio, fue condenado en 2018 a tres años de prisión por violar las leyes de financiación de campañas y mentir al Congreso, en el marco de la investigación liderada por Robert Mueller sobre la injerencia rusa. Salió de prisión en 2021 llamando "mentiroso, racista, estafador e infiel" al presidente, asegurando que estaba al corriente de todas las irregularidades.
Paul Manafort, responsable de la campaña de Trump en 2016, fue condenado a 7,5 años de prisión por delitos fiscales y fraude, pero tras menos de 24 meses fue perdonado por Trump en las últimas semanas antes de dejar la Casa Blanca. Ese mismo día fue perdonado también George Papadopoulos, asesor del presidente que mintió sobre sus vínculos y acuerdos con agentes rusos. O Michael Flynn, de perfil más alto en Seguridad Nacional, y que también era lobista encubierto para potencias extranjeras.
Del mismo privilegio se benefició uno de los socios históricos de Trump, Roger Stone, condenado a más de tres años por obstrucción a la justicia, manipulación de testigos o mentir al Congreso. El presidente, una vez más, uso el perdón. Por no hablar de Rick Gates, segundo de la campaña de 2016 que dos años después acabó entre rejas por mentir al FBI; o Allen Weisselberg, mago de las finanzas que ha sido condenado tanto por perjurio como por fraude en su vertiente de asesor fiscal del multimillonario. Otros como el inversor Elliott Broidy, cercano a la familia, se declaró culpable por turbios negocios con Malasia. Tom Barrack, del mismo perfil, se salvó por los pelos en el juicio y evitó la cárcel.
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